* Alrededor de 12 millones de menores de edad se casan al año: Ramírez Marín

Ciudad de México.- A convocatoria del Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Miguel Ángel Osorio Chong, se presentó el “Informe Hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas” en los estados parte de la Convención de Belém do Pará, en el que se analiza la situación que afecta a las mujeres en edad temprana.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, aseguró que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, son una gran preocupación, porque cuando prohibieron los matrimonios infantiles en los códigos civiles del país, “ahora son uniones solamente forzadas en esta estructura patriarcal y machista en que vivimos”.

Recordó que hace 24 años, México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belém do Pará, sumándose al compromiso hemisférico de eliminar las circunstancias de violencia contra las mujeres en la región de América Latina.

La senadora puntualizó que en 2019 se llevaron a cabo modificaciones legislativas entre las que destacaron la reforma al Artículo 148 del Código Civil Federal, para prohibir los matrimonios y uniones infantiles forzadas.

Reveló que desde 2019 ya se conocía que los matrimonios y uniones infantiles forzadas vulneraban los derechos de al menos 6.8 millones de personas en el país.

Asimismo, en ese momento era público que esa práctica derivaba en que el 73 por ciento de las niñas dejaron sus estudios para dedicarse a las labores del hogar y el cuidado de hijas e hijos, sin importar el aumento de embarazos prematuros y contagios de enfermedades de transmisión sexual, abuso, explotación y criminalización de niños y adolescentes, añadió.

En ese mismo sentido, dio a conocer que más del 49 por ciento de las mujeres que se casaban antes de los 18 años, eran víctimas de violencia física, el 68 por ciento fueron violentadas sexualmente y al menos el 16 por ciento experimentaba violencia económica a partir del matrimonio.

Por ello, Sánchez Cordero llamó a los legisladores y actores involucrados en el tema a “avanzar”, porque el interés “no solo reside en conocer lo que hemos avanzado y en saber lo que no hemos podido cambiar en México respecto a países que aún no anulan esta práctica, sino fundamentalmente para actualizar cifras, conocer ideas, realizar perspectivas y proyectar cuáles son los siguientes pasos para cambiar la terrible realidad.

A su vez, Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), afirmó que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas no son un fenómeno social, “son una tragedia social, la tratamos como un fenómeno, pero vista de otra manera, ocuparía otras prioridades en las políticas públicas”.

Reveló cifras del informe que refieren que 12 millones menores de edad se casa al año, 23 cada minuto, y, “al terminar este evento, más de mil menores se habrán casado o unido forzosamente con alguien con el que no se debieron unir”.

Agregó que el 26 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años se casaron antes de los 18 años, es decir, 23 cada minuto.

Es imposible, aseguró, ocupar un lugar en el desarrollo económico si al mismo tiempo que decimos que 26 por ciento de las mujeres de 24 años se casaron o estuvieron casadas antes de los 18 años.

Asimismo, Ramírez Marín abundó que “el 84 por ciento de las mujeres menores de 15 años fueron obligadas a casarse o unirse a un varón y a tener un trabajo forzoso. Imposible hablar de otra cifra, el 50 por ciento de las mexicanas menores de 18 años han tenido un hijo, y 73 por ciento deja la escuela para sumarse a las tareas del hogar”.

Marcela Huaita Alegre, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Belém do Pará, agradeció a Osorio Chong y al Instituto Belisario Domínguez por su apoyo para la realización del informe, “tan importante para la situación que vive la región en relación con los matrimonios infantiles y las uniones tempranas”.

Puso de manifiesto como barreras para la prevención del matrimonio infantil, la falta de información para la elaboración de estrategias y la falta de políticas públicas integrales para que las niñas y adolescentes accedan a una vida libre de violencia.

Rocío Muñoz Flores, asesora regional de Género del Fondo de Población de las Naciones Unidas, dijo que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas forzadas constituyen una violación a los derechos humanos con graves impactos en la salud y la vida de niñas y adolescentes.

Entre esas afectaciones enlistó que las menores sufren de menor autonomía física, económica y de toma de decisiones, además de pobreza, deserción escolar, de planes de vida, así como embarazo en la adolescencia y discriminación.

Ana Güezmez García, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dijo que la situación a tratar es una práctica nociva que daña a las niñas y limita el desarrollo de los países, reproduce las pobrezas y llama la atención sobre la debilidad en las respuestas de las políticas públicas.

De acuerdo con indicadores recabados entre la CEPAL, ONU Mujeres y Unicef, el 22 por ciento de las niñas y adolescentes de la región se ha unido antes de los 18 años, situación que no ha variado en los últimos 25 años, por lo que se trata de un tema estructural que necesita acciones urgentes, de corto, mediano y largo plazo, indicó.