* Tiempo de escuchar la voz de las mujeres indígenas al respecto
Oaxaca, Oax., 03-feb-2015.- Necesitamos repensar nuestras formas de justicia, es tiempo de que transitemos hacia la construcción de una justicia colectiva y de reconocer el pluralismo jurídico que existe en el país, pues no siempre es una ventaja la defensa de las mujeres indígenas en el derecho positivo, propuso la maestra Concepción Suárez Aguilar.
Durante su participación en el Diplomado Internacional de Estudios de Mujeres, Feminismo y Descolonización, cuya organización apoya la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, recordó que en México viven 15 millones de personas indígenas en más de 192 mil localidades, muchas de las cuales tienen sistemas propios para impartir justicia.
A esta población de 15 millones de personas –señaló la investigadora– se le está imponiendo el uso del sistema de derecho positivo mexicano, que tiene un efecto directo y no siempre positivo en el derecho de las mujeres indígenas a tener acceso a la justicia.
La defensora de derechos de mujeres puntualizó que, desde su experiencia, la procuración de justicia está “colonizada”, pues sólo un pequeño grupo de personas puede realmente entender el manejo tan burocrático y seccionado.
Suárez Aguilar explicó que el sistema jurídico mexicano es un impedimento continuo para las mujeres indígenas que quieran acceder a la justicia, pues dentro de dicho sistema aún permea la perspectiva de subordinación y discriminación hacia la mujer.
Agregó que es tiempo de considerar otras alternativas para construir la justicia y nuevas formas para impartirla, que permitan un respeto pleno a los derechos de todas y todos en igualdad.
El pluralismo jurídico es una opción para tal respeto, pues da la oportunidad de replantear el sistema actual mediante nuevos saberes y conocimientos, específicamente de los pueblos originarios, que pueden aportar experiencias innovadoras, sostuvo.
Insistió en que si se considera la opción que ofrecen los sistemas de justicia de las comunidades indígenas como una alternativa más, esto podría permitir que las mujeres indígenas accedan con mayor facilidad a la impartición de justicia.
Esta opción permitiría emprender una defensa más justa de los derechos de estas mujeres, pues se daría dentro de su propio contexto, permitiría el intercambio de saberes y visiones, y si se acompaña de un espíritu de colaboración y acompañamiento, permitirá a las mujeres indígenas construir su proceso de autonomía, recalcó la investigadora.
Reiteró que es tiempo de escuchar a las mujeres indígenas, de considerar su voz, preguntarles cuáles son las formas de justicia que ellas conocen y prefieren, qué practicas comunitarias les favorecen, así como cuáles son para ellas los derechos más importantes y urgentes que necesitan defenderse.
Este proceso permitiría construir una visión de justicia más apegada a su realidad y contexto, sin plantear una visión idealizada de los sistemas de justicia de los pueblos originarios, sino más bien de reconocer la capacidad que las comunidades indígenas tienen para reestructurarse y cambiar, pues esta habilidad les ha permitido sobrevivir en un mundo cambiante, expuso Suárez Aguilar.
La investigadora consideró que el contexto de impunidad que afronta el país, al alentar violaciones a los derechos humanos, hace urgente buscar que el acceso a la justicia sea más eficaz para todas y todos, considerando la voz de las víctimas, así como una reconstrucción del concepto de justicia colectiva, dónde cada persona pueda ser escuchada, pues de otra manera serán insuficientes los esfuerzos por defender y proteger las prerrogativas fundamentales de las personas.
El Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismo y Descolonización, es una actividad académica que busca involucrar a las mujeres oaxaqueñas en los actuales debates sobre género, feminismo y descolonización, mediante el intercambio de experiencias con 24 especialistas de Argentina, Bolivia, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra, México y Uruguay, así como expertas locales.
La actividad se realiza desde el año 2014 con el esfuerzo conjunto de la asociación Luna del Sur, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, la Coordinación para la Atención a los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado, la Procuraduría General de Justicia, así como de las asociaciones civiles Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, Centro de Derechos Humanos “Gobixha” y Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción.
