* Debido al enfrentamiento del 9 de marzo, el organismo defensor inició una indagación
* En noviembre de 2014 la Defensoría emitió medidas cautelares a la SSPO

* Por otra parte, pide Defensoría a Segego que actúe para evitar que una familia sea expulsada de su comunidad

Oaxaca, Oax., 10-mar-2015.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y a la Secretaría General de Gobierno (Segego) a atender el conflicto por el control de “El Pedimento”, a raíz de un enfrentamiento entre dos grupos que se disputan el control, con saldo de una persona muerta y tres lesionadas, este 9 de marzo en Santa Catarina Juquila.

El organismo inició de oficio el cuaderno de antecedentes número DDHPO/CA/0283/(11)/OAX/2015 cuando, por informes difundidos en medios de comunicación, tuvo conocimiento de que un grupo de personas acudió al paraje conocido como “El Pedimento” con la intención de desalojar a otro grupo opositor ahí reunido, lo que provocó una balacera en la que falleció un ciudadano.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca solicitó a la PGJE que informe si cuenta con un legajo de investigaciones al respecto, así como de las diligencias que ha efectuado hasta el momento.

Asimismo, la Defensoría solicitó a la Segego que informe en un plazo no mayor a cinco días sobre las acciones que ha realizado para atender el conflicto que existe en la zona a causa de la disputa por el control de “El Pedimento”.

En noviembre de 2014, la Defensoría emitió medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para que garantizara la seguridad en la zona, debido a que por esas fechas se dio un enfrentamiento entre comuneros y un grupo de personas que al parecer incluyó a elementos de la policía municipal de esa población.

* Pide Defensoría a Segego que actúe para evitar que una familia sea expulsada de su comunidad

Por otra parte, la DDHPO pidió a la Segego que intervenga para reconciliar a los vecinos de la agencia municipal de San Sebastián del Progreso, Huajuapan de León, en la región Mixteca, con una familia que fue expulsada de esa comunidad por acuerdo de asamblea.

Ante la Defensoría compareció la madre de familia afectada, quien señaló que su problema ha ido en aumento y comenzó por adeudos con el Comité de padres de familia del jardín de niños “Rafael Ramírez”, ubicado en San Sebastián del Progreso, por lo cual se negaron a entregarle los documentos que acreditaban los estudios de su hija, debido a que la familia no pudo cubrir cooperaciones y multas escolares.

La afectada indicó que no se niega a cubrir el adeudo sino que, debido a serios problemas económicos que su familia ha sufrido, no pudo pagarlo; por ello, su esposo fue ingresado a la cárcel municipal el año pasado y, para que lo dejaran en libertad, tuvo que firmar un pagaré mediante el cual se comprometía a pagar la deuda, la cual dijo que no abonó en el plazo concedido por su carencia económica.

El 12 de febrero último la Defensoría, ante esta queja, abrió el expediente de queja DDHPO/RM/10/(07)/OAX/2015, en el que solicitó una medida cautelar a la Delegación de Servicios Educativos en la Mixteca del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para que, de no existir impedimento legal, se entregue la documentación a la solicitante.

Asimismo, el organismo autónomo pidió como medida de protección al presidente municipal de Huajuapan de León, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, dar instrucciones al agente municipal de San Sebastián del Progreso para que se abstenga de ejecutar actos de molestia a la familia afectada, o a sus propiedades, posesiones y demás derechos.

En días posteriores a esa actuación de la Defensoría, la directora del Jardín “Rafael Ramírez” tuvo conocimiento de la queja que la familia afectada presentó ante el organismo autónomo e inicialmente la tomó como una denuncia judicial, por lo que informó sobre la misma al Comité de Padres de la escuela.

Por esa confusión sobre los alcances de la queja presentada a la Defensoría, se llevó el asunto a la asamblea del pueblo, la cual tomó la determinación de expulsar de la comunidad a la quejosa y su familia por considerarlos problemáticos.

El 2 de marzo último acudió a la comunidad de San Sebastián del Progreso la defensora regional de la Mixteca, Rosa Elena Manzano Méndez, para entrevistarse con la directora de la institución preescolar a fin de explicarle los alcances de la queja y la etapa en la que se encontraba el proceso de investigación.

La representante del organismo defensor también explicó estos detalles técnicos a quienes integran el Comité de Padres del jardín de niños, a fin de hacerles ver que la decisión de expulsar a la familia es una sanción excesiva y vulnera derechos irrenunciables. En este ánimo, invitó a ambas partes a la conciliación, explicándoles que es una forma de concluir los procedimientos ante este organismo.

Pese a la intervención de la defensora Manzano Méndez para entablar un diálogo con la comunidad y generar acuerdos, el 3 de marzo último el esposo de la quejosa fue presentado ante el agente municipal de San Sebastián del Progreso, y fue presionado para que saliera de la comunidad con su familia en 24 horas.

A causa de estos hechos, el personal de la Defensoría acudió nuevamente a la comunidad para tratar de llegar a una conciliación. Sin embargo, la asamblea reiteró su determinación de que la familia abandonase la comunidad.

Se ha solicitado la intervención de la Segego para que realice las mesas de diálogo necesarias a fin de atender este problema y proteger los derechos humanos de las personas afectadas, además de coadyuvar a la reconstrucción de las relaciones armónicas en la comunidad.

El organismo defensor reiteró la solicitud de intervención al presidente municipal de Huajuapan para que instruya al agente municipal de San Sebastián en cuanto a adoptar la medida cautelar emitida a favor de la familia agraviada.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca reitera el respeto a las comunidades rurales, sus sistemas normativos internos y su cosmovisión; no obstante, apela al diálogo y concertación para la reconsideración de la determinación tomada por la asamblea de la comunidad, a efecto de evitar que se instauren sanciones o penas excesivas, inusitadas y trascendentales, las cuales pueden no ser proporcionales a la infracción cometida.