Propone Congreso Penitenciario vigilar respeto de las autoridades al derecho a la reinserción social

* Les demanda rediseño de instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia

* Concluye Segundo Congreso Nacional “Los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario”

Toluca, Estado de México.- Expertos exigieron el rediseño de las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como del sistema penitenciario, fortaleciendo y adecuando sus capacidades con un marco jurídico adecuado, personal profesionalizado, reingeniería organizacional y sometiéndolos a sistemas de evaluación y control permanente, para garantizar el respeto a derechos humanos.

Lo anterior lo manifestó Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al dar a conocer las conclusiones del Segundo Congreso Nacional “Los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario”, organizado por este Organismo Nacional y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Solicitó a los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) vigilar que la autoridad penitenciaria implemente acciones en materia postpenitenciaria, para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas que han sido sometidas a un tratamiento de reinserción social, y deberán visibilizarse como aliados de los sistemas penitenciario y postpenitenciario para priorizar el respeto por la dignidad de las personas internas en los penales.

El Sistema No Jurisdiccional de Defensa de los Derechos Humanos deberá refrendar su compromiso para promover y garantizar el derecho a la reinserción social de las personas privadas de la libertad, tanto en la fase de internamiento como a su egreso.

Asimismo, mantener coordinación interinstitucional sostenida, fortalecer acciones en esa materia, y que los informes, estudios, pronunciamientos, recomendaciones y señalamientos referidos en los Diagnósticos de Supervisión Penitenciaria se consideren para el diseño e implementación de políticas públicas.

Acompañada por el primer visitador de la CODHEM, José Benjamín Bernal, dijo que para fortalecer el sistema penal acusatorio se debe implementar una coordinación institucional entre las diferentes instancias de procuración y administración de justicia, así como con las dependencias encargadas de garantizar la seguridad pública, generando canales de vinculación y comunicación con la sociedad desde una perspectiva garantista de los derechos fundamentales.

Asimismo, crear centros postpenitenciarios destinados a la inclusión de las personas que egresen de la prisión, a través de acompañamientos de reinserción a la sociedad, eliminando la estigmatización y discriminación por su condición excarcelaria y generando fuentes de trabajo para evitar la reincidencia delictiva.

Además, se deberá fortalecer a las empresas privadas con programas y beneficios fiscales para que generen fuentes de trabajo para las personas externadas de los centros penitenciarios; crear programas especiales de servicios postpenales para fomentar la integración familiar a través de la concientización de los valores, la terapia educacional, laboral, deportiva y psicosocial.

Y generar programas de sensibilización y concientización en los diferentes grupos sociales sobre que el fin de la pena no es castigar, sino evitar que la persona reincida, por lo que se debe facilitar su inclusión social.

También llamó a las autoridades carcelarias del país a fortalecer el Sistema Postpenitenciario como vía de restitución de derechos de toda persona que egresa de la prisión con programas que incluyan a la familia y al entorno social al que habrá de incorporarse.

La atención postpenitenciaria debe darse a toda persona que haya sido afectada por la prisionalización, para lograr una adaptación adecuada en su proceso de reinserción, y para llevar a cabo tales acciones que hagan posibles resultados positivos en las Comisiones Intersecretariales previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que garantizan los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, debe destinarse un presupuesto específico que le permita alcanzar sus objetivos.

Villanueva Castilleja indicó que se reconoció a las Reglas Nelson Mandela como referente indispensable para la optimización del Sistema Penitenciario Mexicano.

Planteó la necesidad de impulsar aún más su aplicación, así como la certificación del personal en este tema, para que sea una realidad la reinserción social con base en el respeto por los derechos humanos hasta la fase postpenitenciaria.

Para ello, propuso que el Sistema Postpenitenciario incluya programas de acompañamiento que recuperen los pronunciamientos que emitan los organismos protectores de derechos humanos, tales como los relativos a los Antecedentes Penales y el Derecho a Una Identificación Oficial publicados por la CNDH, para que la reinserción social sea real y efectiva.

Además, difundir la Recomendación General 38/2019 de la CNDH sobre el incumplimiento de las obligaciones de las Comisiones Intersecretariales previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que garantizan los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, para alcanzar su total cumplimiento en los ámbitos federal y local.

Villanueva Castilleja expuso que la Justicia Restaurativa debe privilegiarse como estrategia por su importancia para la reconciliación y atención de las víctimas de la manera más adecuada, y que el trabajo técnico tanto con las personas privadas de la libertad como en la fase postpenitenciaria se debe fortalecer reconociendo la importancia del papel de los criminólogos.

josé

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