* Plantea CNDH a sus homólogas de Latinoamérica articular esfuerzos
* “Foro Regional sobre la Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas en Movilidad Humanas y el Rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”
* Demandan a gobiernos de la región andina apoyo solidario para facilitar el otorgamiento de un estatuto legal alternativo de protección a las personas venezolanas

Quito, Ecuador.- Al señalar que la situación de las personas de origen venezolano en contexto de migración enfrentan una situación que demanda atención de carácter humanitario de la más alta urgencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), en su calidad de Coordinadora de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), propuso a sus homólogas de la región andina que soliciten a los gobiernos de sus países permitan el ingreso de esas personas, con base en los estándares internacionales de derechos humanos.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, subrayó el compromiso de defender la dignidad de las personas en contexto de migración y la importancia de que la FIO se acerque al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para identificar las áreas en que la FIO pueda ayudar en los esfuerzos que se llevan a cabo en favor de personas venezolanas.

Al participar en el “Foro Regional sobre la Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas en Movilidad Humanas y el Rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”, convocó a los integrantes de la FIO y a los gobiernos de la región para manifestar su apoyo solidario para facilitar el otorgamiento de un estatuto legal alternativo de protección a las personas venezolanas que les permita tener un espacio donde habitar, acceso al trabajo, a la salud y a la educación.

Tras mencionar que la crisis en ese país pone a prueba la solidaridad internacional, la capacidad de coordinar esfuerzos y la urgente necesidad de generar sinergias entre diversas instancias para que, con pleno respeto a sus mandatos, ayuden a aliviar la situación que viven personas de origen venezolano, enfatizó que la FIO está comprometida con la supervisión, apoyo y seguimiento a las medidas adoptadas por los Estados nacionales para proteger los derechos humanos de esas personas en contexto de migración.

Por ello, propuso a sus homólogos adoptar la “Declaración sobre la crisis de las personas venezolanas en contexto de migración”, con el fin de articular los esfuerzos de la comunidad internacional para atender la situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes han abandonado Venezuela como consecuencia de la violencia, inseguridad, crisis democrática, escasez de alimentos, medicinas y otros bienes.

Se busca que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y las oficinas de la FIO establezcan una ruta de acción para proteger los derechos de más de 2.5 millones de venezolanos que, desde 2016, han salido de su país, además de hallar los mecanismos para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, salud, inclusión económica y social, así como garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en diversas naciones de la región.

Al participar en el panel “El Rol de las INDH en la protección de los derechos de las personas venezolanas en movilidad humana”, ante representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Bolivia, así como de organismos internacionales, refirió que en los últimos cinco años han ingresado anualmente a México de manera ordinaria en promedio 130 mil personas de origen venezolano; y 2014 registró el ingreso más alto, con 176 mil 535, por el deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la crisis económica y social que vive ese país.

Y agregó que mientras en 2013 una sola persona nacional de Venezuela solicitó acceso al procedimiento de condición de refugiado, en 2017 lo hicieron cuatro mil 42, de las cuales a 907 se les ha reconocido tal procedimiento.

González Pérez compartió la mesa con Gina Benavides, defensora del Pueblo del Ecuador; Carlos Negret, defensor del Pueblo de Colombia, y Eugenia Fernán Zegarra, primera Adjunta al Defensor del Pueblo de Perú.