* Debemos ser capaces de conducir estos mecanismos por la senda de la ética, la transparencia y la imparcialidad, coinciden ponentes

Ciudad de México.- Con la participación de legisladores, magistrados, servidores públicos y académicos, el Senado de la República realizó el “Primer taller de inteligencia artificial aplicada a la impartición de justicia”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, en donde se dialogó sobre los alcances y dimensiones de estas tecnologías.

Durante la inauguración del evento, el senador Damián Zepeda Vidales dijo que cerca del 90 por ciento de los delitos no se denuncian y del 10 por ciento que se denuncia, sólo del siete por ciento se abre una carpeta de investigación.

Mejorar el sistema de justicia, es que la ciudadanía perciba que vive en un país justo y que confíe en las instituciones, “ese es el reto que tenemos”, subrayó el legislador.

No se trata, agregó, de pensar solamente en cómo hacerle el trabajo más fácil a quienes están en el servicio público, sino en hacer que las y los ciudadanos perciban que tienen instituciones donde verdaderamente se imparte justicia, con procedimientos breves y menos costosos.

Para ello, es necesario utilizar las mejores herramientas tecnológicas que existen en el mundo. En ese sentido, recordó que senadoras y senadores aprobaron una reforma en materia de justicia digital, la cual se encuentra en la colegisladora.

Se tiene que elevar a rango constitucional el principio o la obligación de generar sistemas digitales que faciliten los procedimientos y que acerquen la justicia a las y los mexicanos. Es primordial aprovechar la inteligencia artificial para ayudar a las y los impartidores de justicia, aseveró el legislador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A su vez, Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, afirmó que las máquinas jamás sustituirán el trabajo de los seres humanos y que “la genialidad y la curiosidad seguirán siendo nuestras”.

Las tecnologías, enfatizó el magistrado, pueden ayudarnos a enfrentar el azote del cambio climático, la inflación desmedida o contener una pandemia mundial, pero eso sólo confirma que la supervivencia humana sólo se apoya de las máquinas.

El reto ahora es incluir a la inteligencia artificial para la resolución de casos y convertir al aparato de justicia en un sistema oportuno, abierto, digno y con la confianza del pueblo mexicano, asentó.

La inteligencia artificial promete un gran potencial de mejora, dijo Guerra Álvarez, pero debemos ser capaces de conducirla por la senda de la ética, la transparencia y la imparcialidad.

En tanto, Cesar García Mondragón, director general de asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que los procesos jurídicos deben evolucionar con ayuda de la inteligencia artificial y la tecnología, a fin de adaptar las leyes existentes a estos cambios y dar certezas legales a los ciudadanos y a las empresas.

Además, indicó, se deben establecer nuevas normas y protocolos que regulen situaciones no previstas hasta ahora en el mundo físico, tomar en cuenta que es indispensable asegurar la red y los sistemas de información para mantener el funcionamiento de la economía en línea y garantizar una adecuada y pronta impartición de justicia.

García Mondragón agregó que se debe trabajar desde varios frentes para promover la resiliencia cibernética, puesto que las leyes se crean para proteger al individuo y sus intereses; para elaborar nuevas legislaciones que defiendan y protejan a los usuarios se requiere de diálogo y cooperación de todos los actores involucrados y competentes.

La promesa de una tecnología que beneficie a todos sólo puede ser una realidad con el apoyo de la sociedad y si somos conscientes de los principios, valores, obligaciones y responsabilidades que deben guiar el diseño, el desarrollo y los usos de las tecnologías.

El taller se dividió en dos mesas de análisis virtual, en las cuales participaron integrantes del Congreso, del Poder Judicial y de instituciones académicas, así como investigadores, juristas y miembros de la sociedad civil.