* Subraya la obligación del Estado como garante de la libertad de expresión
México, DF., 06-ene-2015.- De 2010 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene registradas 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo.
De acuerdo con los registros, agrega, tiene 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación, además, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de 22 comunicadores, y desde 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.
En un documento señala que en relación con los recientes hechos de violencia cometidos contra periodistas en diferentes partes del país, la CNDH señala:
1.- El Estado es el primer obligado a constituirse en garante de la libertad de expresión, ya que las instituciones deben asumir su responsabilidad esencial para dar vigencia a la democracia en México.
2.- La profesión periodística es, por definición, una actividad pública. En este carácter encuentra precisamente su razón de ser. Su función esencial de investigar y difundir los hechos de interés colectivo, así como de opinar libremente sobre ellos, permite a la sociedad estar en mejores condiciones para decidir su destino. Es aquí donde convergen los ejercicios a los derechos de expresión y de información.
3.- Es mediante el ejercicio de la libertad de expresión, que los periodistas y los medios de comunicación son aliados naturales de la ciudadanía para vigilar al poder y oponerse a los abusos de la autoridad.
4.- Los profesionales del periodismo requieren de garantías que hagan posible su trabajo en un entorno libre de amenazas y de violencia, condiciones que vulneran sus derechos y que terminan por dañar a la sociedad entera, al restringirle la oportuna y permanente circulación de noticias y opiniones. Se limita entonces a la sociedad su derecho a estar informada.
5.- El Estado, por tanto, tiene la obligación de investigar efectivamente los hechos acerca de las desapariciones, los homicidios y demás actos violatorios contra periodistas, así como investigar, detener y sancionar a quienes los llevan a cabo.
