El legislador por el Partido Acción Nacional (PAN) integrante de la Comisión de Energía asimismo les hizo un llamado a divulgar el uso de la tarjeta electrónica con el fin de no afectar el suministro de la energía eléctrica.
El cambio de medidores de electricidad es una acción del gobierno federal que implementa la SE y ejecuta la CFE, que acude a los hogares de las familias mexicanas a sustituir el aparato electrónico, ya que, según el diagnóstico realizado para la migración a esta nueva tecnología, los antiguos medidores tienen más de 40 años en funcionamiento, indicó.
Recordó que la sustitución de medidores comenzó desde el 2011, pero fue hasta finales del 2013 que se inició su ejecución, ya que personal de la empresa IUSA, en conjunto con la CFE, empezaron a acudir a los domicilios a entregar el nuevo medidor y la tarjeta electrónica, para lo cual se requería que el usuario firmara el consentimiento.
Si bien este trámite es gratuito, dijo, a raíz de la aplicación de este programa a nivel nacional se ha observado una irritación generalizada por la forma en que acuden los promotores, quienes sin explicación detallada sustituyen el aparato, por lo que las quejas contra la CFE versan en que el derecho del consumidor se flagela cuando no da su consentimiento expreso para realizar el cambio.
“Aun cuando la CFE ha insistido en que el cambio es voluntario, dichos promotores han insinuado su obligatoriedad y la necesidad de contar con los nuevos aparatos para que el servicio de energía eléctrica no sea vea perjudicado, por lo que denota una actitud coercitiva que obliga a los usuarios a firmar con tal de contar con su servicio regular”, remarcó.
Otra queja persistente entre los usuarios, continuó Lavalle Maury, es que el costo por el servicio eléctrico ha aumentado, pues el cálculo de los kilowatts por hora creció de forma sustancial ocupando los mismos aparatos electrónicos, lo cual es un gasto sensible para la economía de las familias, ya que con el uso de este nuevo medidor el cobro es mensual y de mayor cantidad.
“El uso de la energía eléctrica -añadió- se vuelve cada vez más un privilegio que un derecho; pese a que la CFE insiste en que el costo permanece igual, los usuarios han manifestado que el pago que se realizaba de manera bimestral ahora tienen que pagar la misma cantidad, pero mensualmente”.
Por ello, la población requiere una mayor capacitación y análisis de lo que significa esta migración, por lo que las autoridades correspondientes están obligadas a brindar la publicidad necesaria para que su derecho de decisión sea respetado y no se vean afectados sus servicios básicos, entre ellos el suministro de energía eléctrica, subrayó.
La propuesta del senador panista se turnó a la Comisión de Energía, para su análisis y dictaminación.
