San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Congreso local fue blindado con policías en su interior, en tanto organizaciones afines al PRI cerraron los accesos para evitar la cercanía de otras protestas durante la votación del dictamen sobre el juicio político contra el gobernador Ulises Ruiz por los hechos de 2006.
De acuerdo a testimonios de trabajadores sindicalizados del Congreso local, quienes solicitaron el anonimato, desde las 7:00 horas de este jueves inició el arribo de los 25 diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Asimismo, dijeron, los sindicalizados fueron convocados para que a las 11:00 horas se concentraran al interior del Salón de Plenos, a fin de evitar que organizaciones de manifestantes pudieran ingresar al recinto.
En tanto, al interior del Palacio Legislativo se observan policías estatales vestidos de civil, quienes custodian los cuatro accesos al complejo de oficinas.
Afuera, al menos media docena de grupos de manifestantes se apostaron en todo el perímetro del Congreso oaxaqueño “para evitar que los maestros o los de la APPO puedan acercarse durante la sesión”, reveló la misma fuente.
Este jueves será votado el dictamen emitido por la Comisión Instructora del Congreso local mediante el cual se exonera al gobernador del estado de las violaciones a las garantías individuales y a la Constitución local por los hechos ocurridos durante el movimiento político-social de 2006.
Este dictamen ha provocado la reacción adversa de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y partidos políticos de oposición al PRI.
Estos grupos calificaron de “simulación” esta solicitud de juicio político contra el gobernante estatal, dado que el solicitante, el diputado local por el partido Nueva Alianza, Cristóbal Carmona, es identificado con el grupo priista en el poder.
Los inconformes aseguraron que este juicio “a modo” sólo busca cerrar el paso a la posibilidad de llevar a juicio político a Ulises Ruiz con posterioridad, bajo el principio legal que defiende que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito.
