México, DF.- Las elecciones presidenciales en México este primero de julio marcarán el camino del país durante los próximos seis años en un contexto de graves problemas que afectan a toda la sociedad. Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado la ausencia de iniciativas concretas relacionadas con la protección y vigencia de los derechos humanos en las plataformas y propuestas por parte de los aspirantes a la Presidencia de la
República. Por ello, nos dirigimos a Uds., como candidata y candidatos, para pedirles que con carácter de urgencia se dé prioridad a la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos y mexicanas, sin discriminación alguna.

Durante las últimas décadas, incluyendo el último sexenio, miles de personas y poblaciones en México han sufrido graves violaciones de derechos humanos, sin contar con acceso efectivo a la justicia y no han obtenido reparación por estos abusos, haciendo aún más grave la situación. El sistema de seguridad pública y el sistema de justicia están en crisis ya que parecen ser parte del problema y no un remedio para responder a la violencia de grupos criminales. La militarización de las tareas de seguridad pública no solo no ha servido para proteger a la población de la violencia y la delincuencia sino que ha causado un aumento alarmante de las violaciones de derechos humanos. La tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza se han vuelto endémicos y amplios sectores de la población han sufrido de una ola de violencia y abusos, sin tener acceso a protección o justicia.

La extrema pobreza sigue socavando la protección de los derechos humanos de grandes sectores de la sociedad. La discriminación y desigualdad que viven comunidades marginalizadas como los pueblos indígenas y las personas migrantes irregulares siguen sin atenderse debidamente. La violencia contra la mujer sigue siendo rutinaria. Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se han visto obstaculizadas en su trabajo, o han sido amenazadas, atacadas o asesinadas sin que el gobierno haya respondido de manera efectiva. A pesar de sus reclamos, las víctimas no han tenido acceso a verdad, justicia y reparación. La impunidad que gozan los responsables en la gran mayoría de casos no es la excepción sino la regla.

Por lo tanto, Amnistía Internacional considera esencial que Uds. reflexionen sobre estos temas y que se comprometan públicamente a cumplir con las recomendaciones señaladas a continuación. Amnistía Internacional espera que tomen esta oportunidad histórica para asegurar que la protección de los derechos humanos deje de ser solo mera retórica y se convierta en realidad.

Implementar una política de seguridad ciudadana integral que fortalezca la protección de las personas frente a la delincuencia y la violencia y que garantice la protección y respeto de los derechos humanos.

La inseguridad ha alcanzado niveles graves debido a las acciones de los grupos del crimen organizado, quienes son responsables de miles de asesinatos y desapariciones, en ocasiones en colusión o con la aquiescencia de funcionarios públicos. La estrategia de apoyarse en las fuerzas armadas para confrontar al crimen organizado, lejos de resolver el problema, ha ocasionado un aumento en los abusos cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad, incluyendo la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza. La impunidad sigue siendo la norma en todos estos casos. La falta de investigación eficaz e imparcial deja víctimas y familiares desamparados. Esto se debe en parte al mantenimiento de la jurisdicción militar que sigue sin ser reformada para excluir las violaciones de derechos humanos.

Las deficiencias del sistema de justicia penal continúan, tanto en la frecuente negación del debido proceso y el juicio justo de los acusados, como en la garantía del acceso a la justicia de las víctimas. El resultado son procesos y sentencias cuestionables, que fomentan la desconfianza de los ciudadanos al sistema de justicia.

Las reformas procesales de 2008 siguen sin implementarse en muchas jurisdicciones o se implementan debilitando las garantías del debido proceso y del derecho a un juicio justo, lo cual permite que la detención arbitraria, la tortura, la falsificación de pruebas, la negación a una defensa efectiva y la inadecuada supervisión judicial de las actuaciones resurjan en el nuevo sistema procesal. El uso generalizado del arraigo ha facilitado la tortura y el maltrato, socavando aún más las garantías procesales. Las medidas para prevenir, investigar y castigar la tortura no han sido eficaces, y en la práctica se siguen aceptando judicialmente declaraciones obtenidas mediante coacción.

Por estas razones, la y los candidatos deben priorizar estas medidas para demostrar su compromiso a una política de seguridad pública y justicia que respete a los derechos humanos:

Reconocer la magnitud de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el contexto del combate a la delincuencia.

Asegurar que todos los responsables por violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia basándose en una investigación pronta, imparcial y de calidad, incluyendo a los funcionarios públicos que por colusión o aquiescencia pudieran ser responsables.

Asegurar las reformas necesarias para que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas sean investigadas, procesadas y enjuiciadas por la justicia civil.

Asegurar que las reformas al sistema de justicia a nivel federal y estatal garanticen en la práctica los derechos humanos y terminen con los juicios injustos y la negación al acceso a la justicia de las víctimas.

Garantizar la verdad y justicia a los familiares de todas las personas desaparecidas durante los últimos años de violencia, incluyendo los casos de desaparición forzada. Cumplir con el nuevo marco legal de la atención a víctimas, incluyendo la reparación del daño.

Eliminar el arraigo y terminar con otras formas de detenciones arbitrarias;

Poner fin a la impunidad constante de agentes del Estado que recurren a la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Revisar y fortalecer las medidas fallidas para reducir la tortura. Asegurar la exclusión en la práctica de cualquier prueba obtenida por medio de la coerción en los procesos judiciales.

Impulsar la investigación y esclarecimiento de los crímenes del pasado.

Combatir la discriminación y la desigualdad. Poner fin a los abusos contra las mujeres, los indígenas y las personas migrantes.

A pesar de algunos avances legislativos, la violencia contra las mujeres y la impunidad siguen siendo generalizadas. En el último sexenio, el número de mujeres asesinadas ha aumentado en varios estados, incluyendo más de 320 mujeres en Ciudad Juárez en el año 2011. No se ha transformado la actuación de las autoridades estatales y federales para terminar con la discriminación de género o prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer en el entorno familiar, laboral o comunitario. La salud materna y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en las comunidades más desfavorecidas siguen sin cumplirse.

Para poner fin a estos abusos, se requiere tomar las medidas siguientes;

Garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de las mujeres víctimas de violencia, incluyendo la investigación adecuada que incorpore la perspectiva de género y el procesamiento de los responsables.

Evaluar la implementación e impacto de las normas adoptadas en años recientes para erradicar la violencia contra las mujeres y tomar medidas para reforzarlas y priorizar el combate de la violencia contra la mujer en los tres niveles de gobierno;

Garantizar el acceso en condiciones de seguridad a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, incluyendo el cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005, sobre acceso a servicios de anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violencia sexual o cuando la salud de la mujer está en peligro.

Los pueblos indígenas sufren discriminación y desigualdad sistémica en relación con el derecho a la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la educación.

Se realizan proyectos económicos y de desarrollo en tierras indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.

Personas indígenas se han enfrentado con la discriminación en el sistema de justicia. En los últimos años Amnistía Internacional ha documentado cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial se prestan a la fabricación de cargos contra quienes defienden los derechos humanos de comunidades indígenas sin garantizar el debido proceso y el juicio justo, y esto ha resultado en sentencias infundadas y encarcelamientos injustos.

Para poner fin a estos abusos, se requiere tomar las medidas siguientes;

Garantizar que la actuación de las autoridades, en especial policía, ejército, procuradurías y sistema judicial, asegure el pleno ejercicio de los derechos de las personas indígenas, incluyendo el derecho a un juicio justo.

Garantizar el acceso efectivo de pueblos indígenas a servicios de salud, educación, vivienda y otros servicios básicos, asegurando la participación de los integrantes de las comunidades, en especial las mujeres, para formular políticas y prácticas adecuadas.

Establecer mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en los casos de proyectos que afecten a sus tierras ancestrales, y asegurarse de que estos proyectos no se llevarán a cabo mientras no se cumpla con este requisito.

Miles de migrantes irregulares han sido víctimas de secuestro, violencia sexual, reclutamiento forzoso o asesinato por bandas delictivas, y estas bandas operan a menudo en colusión con funcionarios públicos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que tan solo en un periodo de seis meses del año 2011habían sido secuestrados 11.000 migrantes. También se han registrado muchos casos de extorsión por parte de las autoridades a los tres niveles de gobierno y las autoridades no recabaron datos suficientes sobre los abusos para facilitar las investigaciones que llevaban a cabo los familiares de los migrantes desaparecidos.

Para poner fin a estos abusos, se requiere tomar las medidas siguientes;

Poner en marcha un programa de acciones dirigido por las autoridades federales para fortalecer la protección de los migrantes y hacer rendir cuentas a los responsables por abusos, sean delincuentes o funcionarios públicos;

Crear una base de datos que recoja informes de los abusos cometidos contra migrantes y las acciones emprendidas para procurar justicia. Asegurar que la información sobre migrantes desaparecidos y cuerpos no identificados estén incorporados a la base de datos nacionales sobre desaparecidos.

Asegurar que el reglamento de la Ley de Migración cumpla con los estándares internacionales;

Garantizar la seguridad y la protección de las y los defensores de derechos humanos y periodistas

En un contexto de violencia, impunidad y mal uso del sistema de justicia, el valor y trabajo de las y los defensores de derechos humanos y periodistas adquiere una importancia vital. Sin embargo, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y para quienes defienden los derechos humanos. Las y los periodistas y defensores de derechos humanos se enfrentan a las amenazas, ataques y asesinatos, que en su gran mayoría permanecen en la impunidad. La incapacidad del gobierno de asumir su responsabilidad de garantizar la protección de los que están en riesgo, resultó en la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para establecer un marco legal para el mecanismo de protección. Sin embargo, queda pendiente implementar la ley y establecer un mecanismo de protección pro-activa y eficaz para que las y los defensores y periodistas puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias.

Frente a esta situación, la y los candidatos deben pronunciarse públicamente sobre políticas que garanticen la protección de las y los defensores y periodistas conforme a las siguientes recomendaciones:

Reconocer y apoyar públicamente la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas;

Garantizar la plena implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la reforma constitucional para federalizar delitos cometidos contra periodistas;

Asegurar la investigación eficaz de los ataques, asesinatos, amenazas y procesamiento infundado de defensores de derechos humanos y periodistas, y llevar ante la justicia a los responsables.

Garantizar que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que asegure el avance de la protección internacional de los mismos

En el último sexenio, varios mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos han visitado el país, tanto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de la Organización de Estados Americano (OEA). Sin embargo, algunas visitas y sesiones ante mecanismos internacionales han sido postergadas, como la presentación de México ante la Comité contra la Tortura de la ONU, y todavía no se han firmado y ratificado algunos instrumentos, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A la vez, la presencia e influencia de México en organismos internacionales puede contribuir de forma profunda a la protección de los derechos humanos a nivel internacional. La impunidad no solo debe ser combatida a nivel interno, la política exterior debe impulsar la rendición de cuentas de aquellos gobiernos que violan los derechos humanos.

Mantener la invitación abierta a los mecanismos temáticos de derechos humanos internacionales y regionales e implementar sus recomendaciones;
Ratificar instrumentos nacionales y regionales de derechos humanos, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y efectuar los cambios legislativos para cumplir con el Estatuto de Roma.

Mantener una política internacional comprometida con el respeto a los derechos humanos, que incluya la amplia participación de organizaciones de la sociedad civil.

Asegurar la implementación plena de las reformas constitucionales que obligan a las autoridades de todos los niveles a promover, respetar, proteger y garantizar las normas internacionales de derechos humanos.

Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reformar el Código de Justicia Militar para acabar con el fuero militar en casos de militares implicados en violaciones de derechos humanos.

Apoyar la aprobación e implementación eficaz de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que sea efectivo para proteger los derechos humanos.

Las prioridades que tendrá que establecer la nueva o nuevo presidente al dirigir el país son múltiples y variadas. Por encima de todo, Amnistía Internacional espera y confía en que los derechos humanos se entiendan no como una cuestión secundaria o desconectada de los asuntos políticos, económicos o de seguridad sino como un eje prioritario y vertebrador de todas las políticas públicas.

No es suficiente que los candidatos se declaren en favor de los derechos humanos en términos generales. Es esencial que se comprometan a cumplir con las recomendaciones resaltadas en esta carta y las enumeradas por los mecanismos de derechos humanos de la ONU y la OEA.

Amnistía Internacional confía en que en el periodo previo a las elecciones del 1 de julio, Uds. den la debida prioridad a las políticas públicas de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. La organización espera recibir, antes del día 18 de junio, información de los compromisos claros y concretos que Uds. como candidatos implementarán al llegar a la Presidencia de la República. Después de esa fecha la organización informará a la opinión pública sobre las respuestas recibidas de los candidatos.

Atentamente,

Javier Zúñiga Mejía Borja

Asesor Especial en Programas Regionales