México, DF.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, elabora un Protocolo de Atención a Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado.
Se trata de un instrumento para que autoridades, defensores y víctimas, conozcan las obligaciones que el Estado mexicano tiene para atender a las personas desplazadas, durante su traslado a las comunidades de acogida.
México no cuenta con un diagnóstico nacional debido a la falta de un registro, en materia de desplazamiento, pero se sabe que en los últimos años el fenómeno ha crecido.
A partir de 2006 se observó una nueva forma de desplazamiento causada por enfrentamientos entre la delincuencia y elementos de seguridad pública en algunas zonas del país.
Este fenómeno social es más evidente en los estados de Chihuahua y Tamaulipas, y en menor medida, en Michoacán, Durango y Sinaloa.
Por citar un ejemplo y con base en diversos informes, entre 2006 y 2009 fueron desplazadas de Ciudad Juárez, Chihuahua 110 mil personas; una actualización en esa misma investigación señala que entre 2009 y 2011 la violencia en la zona ha desplazado a otros 24 mil mexicanos.
Según los principios rectores de la ONU, los desplazados internos son personas que se han visto forzadas a escapar o huir de sus casas, pero dentro de su propio país, como resultado de conflictos armados o para evadir situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
Conforme a esos principios, los Estados tienen la responsabilidad principal de proteger a la población desplazada dentro de su territorio.
Durante el mes de marzo pasado, este Organismo público autónomo llevó a cabo las Jornadas de Capacitación sobre Desplazamiento Interno Forzado, para construir las herramientas que permitan abordar este fenómeno, desde una perspectiva de derechos humanos.
Participaron especialistas de varias organizaciones de países de América y Europa, que capacitaron al propio personal de la CNDH y a miembros de organizaciones de la sociedad civil, de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, Procuradurías, Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, entre otros.
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