Miguel Ángel Schultz

La masacre ocurrida en la frontera norte del país, entre los estados de Chihuahua y Sonora, donde asesinaron sin piedad a tres mujeres y seis niños, logrando escapar ocho menores, todos integrantes de la colonia Lebarón, ha sido el pretexto ideal para que algunos políticos y medios de comunicación de Estados Unidos se pronuncien por invadir militarmente a México, luego del ofrecimiento de su presidente Donald Trump de ayudar con su Ejército al país, lo que por desgracia ha sido aplaudido por algunos mexicanos.

De esta matanza ocurrida el pasado lunes 4 de noviembre, de manera precipitada, las autoridades del Gobierno de México, señalaron como los únicos responsables a los grupos armados de sicarios que operan en la región, con la hipótesis que fue una confusión, por lo que atacaron a los tres vehículos donde se transportaban las mujeres y los niños.

Los grupos armados de narcotraficantes han demostrado ahora tal poder, que fueron capaces de ocupar la capital de Sinaloa, el pasado jueves 17 de octubre, luego que las fuerzas federales detuvieron y obligaron al Gobierno de México a liberar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en una cárcel de alta seguridad de Estados Unidos.

Las autoridades de México, en su explicación de los asesinatos, no tomo en cuenta los conflictos agrarios que sostiene este poblado con los pueblos vecinos por el uso del agua y que ya ha originado enfrentamientos de los Lebarón con el ejido Constitución del municipio de San Buenaventura, Chihuahua.

La colonia de los Lebarón tiene poco más de mil personas que son por su religión mormones y en su mayoría tienen la doble nacionalidad, mexicana-estadounidense y que el inglés es su idioma. La colonia se estableció en 1924 y en 1955 fundaron su propia “Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos”.

La masacre que tiene similitud con las ocurridas en Oaxaca, por conflictos agrarios, donde uno de los objetivos es eliminar a mujeres y niños, para aterrorizar y obligar a abandonar el territorio en disputa; además de incinerar los cadáveres, como ocurre entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, por citar un caso.

Tampoco se puede excluir que por el proceso de descomposición que vive México se mezclen ya diversos intereses, lo que eleva el potencial de crueldad en los enfrentamientos por el territorio o el agua.

El Gobierno de la Cuarta Transformación está sometido a una gran presión, no solo del Gobierno de Estados Unidos, de empresas transnacionales y de la derecha mexicana, que ven afectados sus intereses. No hay que olvidar que el principal mercado de drogas es Estados Unidos; que las armas con las que cuentan los grupos de sicarios de los narcotraficantes provienen de Estados Unidos.

De acuerdo al reporte de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, entre 2011 y 2016, unas 106 mil armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.

Otra fortaleza del narcotráfico es su economía que representa el sustento para unas 800 mil personas que puede alcanzar hasta el millón, que se benefician de los 600 mil millones de pesos que genera anualmente el narcotráfico en todas sus modalidades, de acuerdo a una investigación sobre una nueva estrategia de desarrollo del país en las que participaron 477 catedráticos e investigadores de universidades de todo el país, impulsada por José Luis Calva, investigador de la UNAM.

Los narcotraficantes mexicanos reciben de Estados Unidos anualmente entre 19 mil y 39 mil millones de dólares de acuerdo a cifras dadas a conocer por José Luis Calva, catedrático y economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todo ello indica que son los Estados Unidos corresponsables de la violencia que existe en el país.

La organización campesina “El Barzón” ha acusado a los Lebarón de amenazarlos de muerte; al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, de protegerlos, y a las comisiones Nacional del Agua (Conagua) y a la Federal de Electricidad (CFE) de favorecerlos, lo que representan elementos para dimensionar lo complejo del entorno donde se ha dado esta tragedia, por lo que no será sencillo dar con los responsables.

El enojo contra los Lebarón se originó porque en el 2018 perforaron 10 pozos en un acuífero que está en veda desde 1957, para surtir de agua el Rancho La Mojina, en San Buenaventura, para una plantación de nogales. Los ejidatarios denuncian que los Lebarón han perforado más de dos mil pozos en los municipios de Villa Ahumada, Buenaventura y Flores Magón.

Lo anterior prueba que las autoridades federales y de los estados de Sonora y Chihuahua, no han atendido el conflicto agrario.

Hoy el gobierno de la Cuarta Transformación está obligado a replantear la función que juega la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que sigue con la misma línea que le trazó el “padre del neoliberalismo en México”, Carlos Salinas de Gortari y que los conflictos agrarios deben ser atendidos de manera urgente, porque la violencia en el país no tiene un único responsable, ni se recuperará la paz, mientras no se tomen en cuenta todos los factores que provocaron esta tragedias.

@MiguelAschulz