El Comité contra la Tortura determinó que Damián Gallardo Martínez, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas fue víctima de tortura en México.
Gallardo Martínez, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la Región Mixe, había estado promoviendo la educación en comunidades indígenas y participó en protestas en Oaxaca. En mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa y lo arrestaron sin orden judicial.
Estuvo detenido en un centro clandestino, donde fue golpeado y le obligaron a firmar una “confesión” con la que le acusaron de participar en crimen organizado y de secuestro. Gallardo Martínez fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, donde pasó más de cinco años durante los cuales fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día.
Gallardo Martínez y su familia denunciaron la tortura, pero no hubo ninguna investigación significativa. Por lo tanto, llevaron su caso ante el Comité en 2019 que ahora ha determinado que además de él, sus familiares también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura y al hostigamiento que sufrieron y que por lo tanto también tienen derecho a una reparación integral.
En sus conclusiones, el Comité señala que el proceso penal iniciado contra Gallardo Martínez se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales.
