OAXACA. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) culparon de las últimas ejecuciones de los líderes de las organizaciones indígenas Codeci y MULT a grupos paramilitares al servicio de alguno de los actuales grupos en el poder.

A través de un comunicado aseguraron que “se han suscitado una serie de ejecuciones que, a juzgar por los medios, método y circunstancias fueron cometidas por fuerzas paramilitares al servicio de algún grupo en el poder”.

La organización informó que llamó a sus bases y estructuras “a estar atentas y vigilantes por posibles intentos de represión y asesinato”.

Expusieron que los dirigentes del Comité de Defensa Ciudadana(Codeci) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MULT), Catarino Torres Pereda y Heriberto Pazos Ortiz respectivamente, asesinados en octubre pasado, “eran connotados dirigentes de organizaciones con considerable peso en Oaxaca (…) incómodos a los grupos de poder estatales”.

Lo anterior en un artículo que aparece en la página 2 de su publicación “Verde Olivo”, órgano de difusión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), correspondiente al número 29 del mes de noviembre, que a continuación Oaxaca Entrelíneas reproduce:

LIMPIEZA PREVIA?

En el estado de Oaxaca se han suscitado una serie de ejecuciones que ha juzgar por los medios, método y circunstancias en que sucedieron; todo parece indicar que son víctimas de fuerzas paramilitares al servicio de algún grupo de poder.

Primera observación que es necesario hacer: Catarino Torres Pereda y Heriberto Pazos, eran connotados dirigentes de organizaciones con un considerable peso en Oaxaca; quiere decir que le son o le pueden ser incómodos a los grupos de poder estatales.

Segunda observación a tomar en cuenta: son ejecuciones realizadas por profesionales y que contaron con una cobertura al momento de ejecutar los hechos para salir del área con facilidad. Por lo que solamente los grupos de poder político-económicos son los que tienen la capacidad de realizarlos de esa manera.

Tercera observación; hasta ahora, hemos podido ubicar dos grupos con las características, metodología e ideología capaz de realizar este tipo de actos: uno que se creó a raíz de la aparición del EPR en 1996 y que operó con total impunidad durante varios años y que tal parece ha vuelto por sus fueros en este cambio de gobierno o “gobierno de transición” como algunos equivocadamente quieren llamarle a la administración entrante. El otro, surgido a la sombra del poder ulisista y que fue el responsable de las ejecuciones, levantones y secuestros que se dieron a partir del movimiento del 2006.

Cualquiera de estos dos grupos puede ser el responsable de las recientes ejecuciones de dirigentes sociales que tal parece tienen el fin de: o bien allanar el camino a algo nuevo que viene (de Gabino Cué Monteagudo) o, en todo caso, borrar huellas incómodas que permitan una mayor impunidad.

En el caso de la cuestión triqui, cabe destacar que están en juego los yacimientos minerales de la región.

Por lo tanto es clave mantener la zona en constante conflicto y sin un aparente grupo que se erija como pieza clave para mantener el orden y la paz en ese lugar. Para el caso de CODECI, ha sido una organización en rebeldía constante, una piedra en el zapato, de considerable desarrollo y capacidad movilizadora.

Queda una duda por resolver, es fuerte el rumor de que Franco Vargas ha llegado a acuerdos con la administración entrante. De confirmarse esto en los próximos días, habrá que ver qué posición asumen al respecto personajes como Flavio Sosa, o el FPR y la Sección 22. Los cuales han manifestado su completa adhesión y simpatías con el gobierno entrante (de Gabino Cué Monteagudo). ¿Entrarán en una etapa de desmovilización para satisfacer los deseos de los convergentes y panistas? ¿Olvidarán lo
sucedido en el 2006? ¿Se perderá la memoria histórica? Todo está por verse. Mientras tanto, llamamos a nuestras bases y estructuras a estar atentos y vigilantes por posibles intentos de represión y asesinato. No sabemos los alcances que estén planeando darle a esta limpieza de actores políticos incómodos.