Al participar en el Seminario Internacional “Lucha contra la Trata de Personas”, que congregó a representantes de seguridad pública de 17 países de Europa y América Latina, precisó que el INM tiene como responsabilidad dar a conocer a las víctimas los derechos que les asiste y brindarle todas las oportunidades para su reinserción social, ya sea en México o su país de origen.
Reconoció que los migrantes son un grupo vulnerable en delitos como la explotación laboral o sexual.
Detalló que el organismo tiene conocimiento de los casos, cuando la propia persona se acerca de manera voluntaria o en el ámbito de sus atribuciones junto con la Procuraduría General de la República (PGR) inicia la investigación propia del delito.
Señaló que el primer contacto es a través de la entrevista, donde se busca definir si la demandante es víctima del delito de trata o se refiere a una cuestión de tráfico de personas.
Abundó que una vez que se tiene contacto con las personas que son vulneradas en sus derechos son trasladadas a un albergue, y en caso de que quiera colaborar con el proceso penal se puede regularizar su estancia en México hasta por un año.
Garrido Márquez puntualizó que el INM a través del contacto que han tenido con las víctimas, ha conocido que los delincuentes utilizan la violencia física y moral, además del engaño o el abuso de poder para controlarlos.
Manifestó que este organismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, trabaja de manera coordinada con los consulados y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Señaló que recientemente se han detectado casos, donde la propia familia del migrante centroamericano, ya sea adulta o menor de edad, lo está enviando a laborar a México, sin importar las condiciones o el tipo de trabajo que vaya a realizar.
En la exposición realizada el tercer día del Seminario, que concluyó la víspera, Garrido Márquez dio a conocer que si la víctima decide retornar a su país de origen, se le brindan todas las condiciones dignas para ello.
Previo a esta intervención, el Agente Fiscal encargado de la Unidad contra la Trata de Personas del Ministerio Público de Guatemala, Alexander Colop Flores, informó que la legislación de este país contempla penas que van de los 8 a 18 años para quienes comentan y promuevan la comisión de delitos como: el turismo sexual, trata de personas, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad y la pornografía infantil.
En el Seminario Internacional “Lucha contra la Trata de Personas” participaron además de los representantes de la Policía de Fronteras de Francia, Belice, España, Alemania, Canadá, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador, Chile, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Haití.
