Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.- Activistas indígenas privados de su libertad, principalmente de San Agustín Loxicha, denunciaron ser presos políticos y permanecer en prisión incluso desde hace más de diez años, pese a evidentes atropellos a sus derechos humanos, como castigo por oponerse al cacicazgo, la corrupción y la violencia en esa zona de la Costa de Oaxaca.

La denuncia fue formulada a las diputadas presidentas de las comisiones permanentes de Derechos Humanos y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, Magaly López Domínguez y Elisa Zepeda Lagunas, respectivamente, y al diputado Horacio Sosa Villavicencio, quienes a solicitud de los presos acudieron este martes al Centro de Readaptación Social (Cereso) 03 de Miahuatlán de Porfirio Díaz para reunirse con ellos.

Los activistas indígenas expusieron que hay cerca de 50 personas detenidas por diversos delitos, principalmente homicidio, que en realidad lo que hicieron fue promover la construcción de escuelas, presionar para la obtención de agua potable o caminos o simplemente cuestionar el mal manejo de las sucesivas administraciones municipales que han estado bajo el cacicazgo del ex presidente Oscar Valencia.

Explicaron que han estado detenidos desde hace entre tres y diez años, sin que hasta el momento conozcan con claridad incluso los hechos que se les imputan o quiénes los acusan, pues incluso hay casos en que diversas actuaciones, como testimonios de descargo, han desaparecido de sus expedientes.

La visita de las y el legislador fue en respuesta a una solicitud que los presos indígenas formularon por escrito, en la que exponen estar injustamente en la cárcel, por delitos que no cometieron, algunos ya incluso con sentencia en procesos viciados de origen.

En su intervención, Zepeda Lagunas señaló que existe la disposición para acompañar a los presos políticos y desde la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que preside, se ha solicitado información a distintas dependencias, con el fin de que haya justicia efectiva en cada uno de los casos.

Por su parte, López Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señaló que desde el ámbito legislativo se buscará una respuesta positiva de las instancias correspondientes: “Vamos a hacer equipo y buscar una coordinación con las distintas instancias de justicia”, expresó.

A su vez, Sosa Villavicencio, preso político en el 2006, les expuso su empatía y solidaridad con la situación que actualmente viven, y que se hará lo posible para dar seguimiento a esta situación: “Entendemos su situación, pondremos nuestro mayor empeño en que haya justicia para todos”, señaló. A la salida del Cereso 03, familiares de los presos políticos expresaron a los tres legisladores que además de la ausencia de una atención institucional correcta se han enfrentado a funcionarios corruptos, quienes solicitan dinero para revisar los expedientes de sus familiares.