Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de A.B.C. y J.M.M. (hombres), quienes se desempeñaban como regidor de Hacienda y síndico Municipal de Santiago Choápam, respectivamente, por su probable responsabilidad en el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género, cometido en agravio de la presidenta municipal de esa demarcación de la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2026, cuando la víctima se encontraba en la cancha municipal de la Agencia de Santo Domingo Latani, perteneciente a Santiago Choápam, donde se llevaba a cabo una reunión con integrantes de la comunidad, así como autoridades municipales y comunitarias.

En dicha reunión, la víctima habría sido desacreditada en el ejercicio de sus funciones como presidenta municipal y posteriormente habría sido objeto de amenazas e intimidación.

Además, presuntamente fue retenida contra su voluntad y obligada a firmar un acta con la que pretendían forzar su renuncia al cargo y desconocerla como autoridad municipal.

Desde que tuvo conocimiento de estos hechos, la FGEO inició las investigaciones a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales bajo perspectiva de género, al considerar que las agresiones dirigidas contra mujeres que ejercen cargos públicos representan una manifestación de violencia que busca limitar, menoscabar o impedir el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.

El Juzgado de la Causa, tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía, determinó vincular a proceso a A.B.C. y J.M.M., por el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género, ya que los imputados al momento de los hechos se desempeñaban como regidor de Hacienda y síndico Municipal, respectivamente.

La FGEO solicitó como medida cautelar la suspensión temporal en el ejercicio de sus cargos, medida que fue otorgada.

La FGEO refrenda que ninguna mujer debe enfrentar amenazas, intimidación o cualquier otra forma de violencia por ejercer un cargo de representación popular.

Y reiteró su compromiso de continuar investigando estos hechos y llevando ante los tribunales los casos en los que se pretenda vulnerar los derechos político-electorales de las mujeres, con el objetivo de garantizar que el ejercicio de la función pública se desarrolle en condiciones de libertad, igualdad y sin violencia.