El senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, propuso interponer una demanda de controversia constitucional contra el Ejecutivo federal y demás autoridades que resulten jurídicamente pertinentes por la contradicción que sus actos significan a lo ordenado por el Legislativo respecto a la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona centro de la República.
Explicó que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro no puede fundamentarse exclusivamente en una potestad autónoma del Ejecutivo, ya que el artículo Cuarto Transitorio del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que el Congreso determinará la forma en que habrá de prestarse el servicio en el centro del país.
Dijo que el gobierno federal está obligado a disponer de lo necesario, a efecto de que el servicio público de energía eléctrica en el centro del país, sea prestado por un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, distinto a la Comisión Federal de Electricidad.
“De no garantizar dicha circunstancia, los actos del Ejecutivo entran en controversia con las facultades del Legislador Federal, por tanto, existe la posibilidad de someter el asunto ante la Suprema Corte mediante una controversia constitucional”, consideró Gómez Álvarez.
Señaló que diversas acciones del gobierno federal demuestran que se dirige a establecer a la paraestatal CFE como la empresa que presta el servicio público en la zona centro del país.
“Así, la conducta del Ejecutivo entra en clara contradicción con las disposiciones del Poder Legislativo y da motivo a la interposición del citado procedimiento de control constitucional”, puntualizó el legislador.
El punto de acuerdo se turnó a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Permanente.
