Ciudad de México.- El 15 de diciembre de 2022, la Corte de Distrito del Norte de Texas emitió un fallo que obliga a la administración de Joe Biden a restablecer el uso de la sección 235 (b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de dicho país. Consecuentemente, autoridades estadounidenses notificaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su intención de reiniciar la devolución de personas no mexicanas para que den seguimiento en territorio nacional a su petición de asilo ante Estados Unidos.
Ante una pretendida implementación de esa política por tercera ocasión, el Gobierno de México, por conducto de la SRE, externa su rechazo a la intención del Gobierno estadounidense de devolver a personas procesadas bajo dicho programa a territorio nacional.
Durante la administración del ex presidente Donald Trump ingresaron a territorio nacional alrededor de 74 mil personas bajo la Sección 235(b)(2)(C). Dicha cifra es equivalente al 5.14 por ciento del total de los encuentros que se registraron en la frontera entre México y Estados Unidos durante ese periodo.
Luego de que la administración Biden diera por concluido esa política, el 13 de agosto de 2021, la Corte de Distrito del Norte de Texas ordenó su reimplementación, ante lo cual el Gobierno de los Estados Unidos externó a la SRE su intención de retornar a ciertas personas migrantes a territorio nacional.
El Gobierno de México manifestó la necesidad de implementar políticas de protección y salud, particularmente para grupos vulnerables, así como colaborar de manera estrecha con organismos internacionales para la adecuada atención a las personas migrantes y refugiadas.
Durante la administración actual del presidente Joseph Biden ingresaron a territorio nacional un aproximado de siete mil 500 personas bajo la Sección 235(b)(2)(C), dicha cifra es equivalente al 0.33 por ciento del total de los encuentros registrados en la frontera entre México y Estados Unidos entre diciembre de 2021 y octubre del 2022.
Las personas procesadas bajo la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad recibieron el acompañamiento de autoridades de ambos países, así como de la Organización Internacional de las Migraciones.
Además, se beneficiaron de los nuevos criterios establecidos para lograr una audiencia justa; acceso a representación legal; una estancia digna y traslados seguros en México y Estados Unidos; servicios de salud y vacunación contra Covid-19, entre otros.
La SRE refrenda su compromiso de protección para con las personas migrantes y refugiadas, así como su voluntad de cooperación bajo los Pactos Globales para la Migración, para los Refugiados y a partir de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.
En ese sentido, refrenda su reconocimiento a las nuevas vías de acceso ordenado, seguro, regular y humano para personas de Cuba, Haití, Nicaragua, Ucrania y Venezuela al mercado laboral de Estado Unidos.
