La diputada oaxaqueña Aída Fabiola Valencia Ramírez estuvo entre quienes presentaron hasta la madrugada del 22 de marzo, las 93 reservas que fueron rechazadas una a una por un pleno impasible de la Cámara de Diputados que tenía amarrada, sin modificaciones, la aprobación de la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de Telecomunicaciones.

La iniciativa fue aprobada por 414 votos a favor, 50 en contra y ocho abstenciones.

El intento fue vano. Aída Fabiola Ramírez lamentó que diputados y diputadas de los partidos que forman el Pacto por México no aceptaran siquiera escuchar las propuestas y argumentos de adición dirigidas a que se dieran acceso a las comunidades indígenas a concesiones de radio y televisión.

Cuando se anunció esa iniciativa se manifestó que uno de sus objetivos de reformas a la Constitución era que los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha, fortalecerían los derechos vinculados a la libertad de expresión e información y el establecimiento del derecho al acceso a las tecnologías de la información y a la comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

La diputada Aída Fabiola Valencia, del Movimiento Ciudadano, quien sufrió una agresión por un grupo de individuos armados, entre ellos un edil y policías, el pasado domingo 10 de marzo en San Agustín Loxicha, en Pochutla, Oaxaca, cuando realizaba una visita a esa comunidad para atender las necesidades de sus electores, creía en ese objetivo y exhortaba a sus pares a que escucharan las propuestas.

Cuando la diputada Valencia Ramírez presentó su reserva para incorporar a las radios comunitarias a esa ley y dar voz a las 65 etnias, pensaba que esa legislación, que pasará al Senado para ser discutida antes de entrar en vigor,
Representaba una oportunidad de reconocer la pluralidad y multiculturalidad del país.

La diputada oaxaqueña así como las diputadas Luisa María Alcalde Durán, Carmen Pérez y María Lucía Micher vieron frustradas sus intenciones de modificar la Constitución en una sesión donde las diputaciones votaban automáticamente sin valorar las propuestas hechas por quienes reservaron artículos para que se incluyeran sus adiciones.

La legisladora Alcalde Durán puso en duda que la legislación afectara a las 14 familias que controlan el espacio radioeléctrico nacional. De las mil 362 concesiones de radio, concesionadas o permisionadas, el 76 por ciento están en manos de 13 familias y de las 562 concesiones de estaciones de televisión, el 84 por ciento están en manos de cuatro familias: Azcárraga Jean, Azcárraga Madero, Salinas Pliego y Vargas Gómez. La familia Slim controla, por su parte, el 70 por ciento del mercado de la telefonía fija.

La crítica se centró en la apertura de las telecomunicaciones a la inversión extranjera.

La mayoría de legisladoras y legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza rechazaron reformas a los artículos sexto y vigésimo octavo de la Constitución que legalizarían a las radios comunitarias del país.

Diputados y diputadas del PRD y del Movimiento Ciudadano insistieron en que el Instituto de Telecomunicaciones, un nuevo organismo, abriera las puertas a las comunidades y pueblos indígenas para que tuvieran acceso a concesiones de radiodifusión.

La sistemática negativa a las propuestas canceló toda posibilidad de que la llamada democratización de los medios de comunicación que propone la Ley de Telecomunicaciones, formuladas por los partidos que forman el pacto por México, efectivamente fuera un factor de apertura a toda la sociedad mexicana.

En las propuestas se aludía a que el Estado garantice los beneficios de la cultura a toda la población preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento “y respeto” de los valores del pluriculturalismo, plurilingüismo y multietnicidad”, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo tercero de esta Constitución.

En las propuestas de adiciones se señalaba que se dejara de considerar los esteoreotipos que en la mayoría de los medios de comunicación dañan a las mujeres y en garantizar la equidad de género.

Las propuestas estaban dirigidas a dar el mayor acceso a las personas a los medios de comunicación procurando una radiodifusión sin fines de lucro, con contenidos que destaquen la diversidad nacional, garantizando una formación educativa, cultural y cívica de la sociedad, con una información imparcial, objetiva, oportuna y veraz sobre el acontecer nacional e internacional.

Igualmente demandaban en sus propuestas de reserva garantizar la libertad de expresión dando espacios a la diversidad y pluralidad de ideas para fortalecer la vida democrática del país.

Una de las propuestas para reformar el 28 de la Constitución decía: “Corresponde al Instituto (Federal de Telecomunicaciones), el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de concesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, “de los pueblos y comunidades indígenas”, social, y privado y se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2º. 3º., 6º. Y 7º. de esta Constitución. Las concesiones serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador