México, DF.- El Senado de la República analiza una reforma a la Ley Agraria que busca otorgar facilidades a ejidatarios, comuneros y productores del campo, sobre todo de estados como Michoacán, para que recuperen sus tierras y propiedades que fueron obligados a ceder a grupos de la delincuencia organizada, con presiones, amenazas o compras ficticias.

La iniciativa presentada esta semana por la senadora Verónica Martínez Espinoza y turnada a comisiones para su análisis, destaca que ejidatarios de estados como Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Coahuila, entre otros, se han visto afectados por grupos sobre todo del narcotráfico que les han arrebatado sus tierras y propiedades.

El caso de Michoacán, expuso, donde productores de aguacate y limón sufrieron en los últimos años de este tipo de prácticas delincuenciales, donde los obligaban a ceder, supuestamente de manera legal ante notarios públicos, sus propiedades bajo diversas amenazas.

La senadora del PRI señaló que el sector campesino es uno de los más afectados por la delincuencia que impera en el país y por ello es urgente aprobar esta reforma a la Ley Agraria que permitirá que los afectados por estos actos ilícitos puedan recuperar de manera legal sus propiedades.

Argumentó que su propuesta pretende que los ejidatarios, comuneros o posesionarios que han sido privados ilegalmente de sus derechos agrarios, derivado de un hecho delictivo, tengan la posibilidad de solicitar la nulidad absoluta de dichos actos.

“La violencia se ha salido de control y ha ocasionado miles de víctimas, pero particularmente se han violentado los derechos sobre la tierra de cientos de campesinos, quienes una vez que se reestablece el orden público y regresan a sus ejidos o comunidades para recuperar las tierras que les fueron tomadas por estas organizaciones”, apuntó.

Dijo que un número importante de ejidatarios y productores del campo se encuentran con la lamentable situación de que han sido despojados con motivo de actos jurídicos simulados o realizados de manera irregular por parte de las organizaciones delictivas, y en muchos casos con la complicidad de fedatarios públicos.

Martínez Espinoza alertó que este tipo de ilícitos se ha venido generalizando, no sólo en tierras en las que se ubican minas, sino también las que tienen riquezas forestales, agrícolas e incluso ganaderas.

“El crimen organizado ha afectado a cientos de campesinos, cuando restituido el orden público, regresan a sus ejidos o comunidades para recuperar las tierras que les fueron tomadas por estas organizaciones, se encuentran con la situación que han sido despojados con motivo de actos jurídicos simulados o realizados de manera irregular”, reiteró.

La legisladora por Jalisco propuso ante ello que los ejidatarios, comuneros o posesionarios que han sido privados ilegalmente de sus derechos agrarios, derivado de un hecho delictivo, deben tener la posibilidad de solicitar la nulidad absoluta de dichos actos, a fin de que les sean reconocidos los derechos de uso y usufructo que tenían antes del acto ilícito.

Lo anterior mediante una reforma al artículo 49 de la Ley Agraria, donde se propone que los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, ante el tribunal agrario para solicitar la restitución de sus bienes.